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¿Cómo entender la fiscalidad medioambiental?

Qué es la fiscalidad medioambiental

Reconocida por diferentes organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Eurostat, la Comisión Europea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la fiscalidad medioambiental incluye todos aquellos impuestos destinados a mitigar el cambio climático, reducir la contaminación y promover un uso de los recursos sostenible.

Hablamos de tributos directamente relacionados con el compromiso social de preservar el medio ambiente, y cuya base imponible consiste “en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente», sin reportar beneficio a quien los paga.

Dicho de una forma sencilla y coloquial, la fiscalidad medioambiental y los instrumentos económicos aplicados a ella se rigen por la premisa básica de “quien contamina, paga”.

Sin embargo, el gravamen asociado a los impuestos que conforman la fiscalidad medioambiental no debe asociarse exclusivamente a medidas sancionadoras. De hecho, mientras que las sanciones persiguen las conductas consideradas ilícitas, los impuestos medioambientales se aplican también a conductas toleradas legal y socialmente pero que queremos “eliminar” gracias a una desincentivación económica de las mismas.

¿Por qué es necesaria la fiscalidad medioambiental?

El medioambiente es un bien de todos y las autoridades deben velar por su protección, conservación y mejora utilizando las acciones jurídicas pertinentes. Hacerlo no siempre es fácil porque requiere una respuesta integral en diferentes ámbitos del ordenamiento jurídico privado, administrativo y penal, e implica buscar técnicas  económico-jurídicas que completen la regulación aportando equilibrio entre el régimen tributario y el medioambiente.

Estas normas tributarias (impuestos) deben promover la lucha contra la contaminación e integrarse dentro del sistema impositivo bajo tres principios:

  • Dirigirse a quien cause el perjuicio. El impuesto debe ser  proporcional al daño causado y no suponer una carga fiscal al conjunto de la sociedad.
  • Ser claros, creíbles y predecibles para garantizar la seguridad jurídica.
  • Establecerse con consenso político amplio, asegurando la estabilidad legislativa en el tiempo.

¿Qué acciones gravan los impuestos medioambientales?

Algunas de las acciones que la fiscalidad medioambiental grava a través de impuestos son:

  • Emisiones de monóxido y dióxido de nitrógeno de vehículos.
  • Emisiones de dióxido de azufre (SO2), por la combustión de carbón, petróleo, diesel y gas natural.
  • Emisión de sustancias que reduzcan o debilite la capa de ozono.
  • Recogida/tratamiento de residuos que contaminan el agua.
  • Contaminación acústica y ruido.
  • Impuestos sobre importaciones, exportaciones y compra-venta de vehículos a motor.
  • Captación de agua y extracción de recursos naturales o materias primas naturales.
  • Venta de productos energéticos.

Fiscalidad medioambiental en España

Los países de la OCDE y de la Unión Europea disponen de diversos impuestos energéticos para disminuir su impacto en el medioambiente.  Según datos de la Comunidad Europea, España es uno de los países con menor porcentaje de fiscalidad medioambiental: los ingresos por impuestos y contribuciones sociales en 2014 fueron el 5,5% del PIB, frente a la media del 6,35% de la UE.

A nivel de recaudación, los impuestos energéticos son los que mayor impacto tienen dentro de la fiscalidad medioambiental española y, en 2018 supusieron los ingresos asociados a ellos superaron los 2.200 millones de euros.

Entre las medidas de fiscalidad medioambiental española se encuentran:

  • Consumo de hidrocarburos.
  • Producción de electricidad.
  • Ventas minoristas de hidrocarburos.
  • Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo. (Canarias).
  • Medios de transporte.
  • Vehículos de tracción mecánica.
  • Control de vertidos.

Los más importantes son el impuesto sobre el carbón, sobre la electricidad o sobre los tributos de la Ley 15/2012 de sostenibilidad energética. Esto últimos se aplican a la producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos. En estos enlaces encontrarás información detallada sobre algunos de ellos:

  • Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica
  • Impuesto sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear y residuos radiactivos
  • Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero
  • Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados.

¿Cómo mejorar la fiscalidad medioambiental?

El objetivo de la fiscalidad medioambiental es conseguir un uso más eficiente de la energía y unos sistemas energéticos y de transporte más limpios. En este sentido, puede considerarse una herramienta para conseguir una economía más sostenible cuya implementación requiere plantear cuestiones como:

  • El pago del impuesto debe vincularse directamente con la problemática medioambiental.
  • Los recursos recaudados deben invertirse en la conservación del medioambiente.
  • Antes de esta implementación deben valorarse las consecuencias de las nuevas políticas de fiscalidad medioambiental y su impacto económico y social.
  • Podrán aplicarse a individuos, empresas, un sector económico e incluso una región o país.
  • Cada impuesto debe tener propósito claro y ser explicado como tal para conseguir su aceptación social.

Recientemente, algunas organizaciones como Greenpeace, WWF, SEOBirdlife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra han propuesto la reforma de la fiscalidad medioambiental española con el objetivo de, no solo recaudar dinero, sino también de eliminar conductas negativas para:

  • Que los responsables de estas conductas conozcan los costes y repercusión de las acciones contaminantes para el medioambiente.
  • Bonificar la realización de buenas prácticas, positivas para la sociedad.
  • Reducir desequilibrios sociales.
  • Dar coherencia a los actuales tributos medioambientales económicos con acciones de coordinación entre gobiernos autonómicos y central.

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